Finalizando el pasado mes de diciembre, Venezuela ingresó una queja ante la Organización Mundial del Comercio, debido a las sanciones impuestas por los Estados Unidos, considerándolas exclusivas, coercitivas y discriminatorias, que no le permiten comercializar libremente bienes y servicios al estar incluidos en la lista de nacionales designados y personas sancionadas (SDN) del Poder Ejecutivo norteamericano, que incluyen directamente el negocio con la criptomoneda impulsada por el estado venezolano, el Petro
En una nueva actualización de la demanda, expuesta ante la Organización Mundial del Comercio, el gobierno venezolano cita las normas y procedimientos de la liquidación de controversias (ESD), el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (GATT 1994) y el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS), para impulsar esta querella ante el organismo, titulada ‘ESTADOS UNIDOS – MEDIDAS RELACIONADAS CON EL COMERCIO DE BIENES Y SERVICIOS’.
El gobierno venezolano, cuestionado a nivel internacional, ha mantenido una áspera relación con la administración del presidente Donald Trump, quien impulsó paquetes de sanciones contra el gobierno venezolano y numerosos personajes que lo conforman, por lo que describió en el documento que dichas sanciones como un “trato menos favorable”, “coercitivas”, “restrictivas” y “discriminatorias”, en especial, con el comercio de bienes y servicios, así como el oro venezolano y la moneda digital, Petro.
Sobre la moneda digital, el gobierno venezolano expone:
” (…) En la medida en que las monedas digitales originadas en los Estados Unidos no están sujetas a las mismas prohibiciones que las monedas digitales venezolanas, Estados Unidos otorga un trato menos favorable a los servicios financieros y proveedores de servicios venezolanos que a los servicios financieros y proveedores de servicios nacionales similares, en violación del artículo XVII: 1 del AGCS”
Con esta solicitud, archivada por la Solución de Diferencias de la Organización Mundial del Comercio, el gobierno venezolano busca la “modificación, reemplazo o enmienda” de las sanciones estadounidenses mencionadas anteriormente dirigidas a Venezuela.
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