El 6 de marzo de 2007 se publica en Gaceta Oficial Nro 38.638, el decreto 5.229 con rango, valor y fuerza de Ley de Reconversión Monetaria, introducido por el presidente y vicepresidente de la Comisión Permanente de Finanzas de la Asamblea Nacional de ese entonces, Rodrigo Cabezas y Ricardo Sanguino, respectivamente, el cual se fijó como principales objetivos: 1.- Facilitar los procedimientos contables del gobierno, empresas financieras y no financieras. 2.- Reducir los costos transaccionales en el sector servicios. 3.- Dejar atrás las consecuencias del historial de inflaciones más altas del país. 4.- Reforzar la confianza en el signo monetario. y 5.- Eliminar el impacto inflacionario del “redondeo por escasez de sencillo”.
10 años después, el 22 de marzo de 2018 se publica en Gaceta Oficial Nro 41.366, el decreto Nro 24 de la Asamblea Nacional Constituyente, en el marco del estado de excepción y de emergencia económica, mediante el cual se decreta la reconversión monetaria. En este caso, no necesariamente se nos explican los objetivos de la medida, pero ante el evidente fracaso de la política económica del gobierno nacional, se asume que esta acción podría ser parte de algún ¿plan de ajuste? ¿rescate económico? o simplemente, más improvisación en el manejo de la actividad económica nacional.
Una “conversión de moneda” o “cambio de moneda” per se no resuelve los problemas de orden estructural de las economías, porque solo apunta al cambio nominal de los valores expresados en dinero del flujo monetario del país, sin corregir aspectos claves como la producción, exceso de liquidez y endeudamiento por mencionar algunos. En este sentido no se puede recuperar una economía sin accionar otras medidas, que en conjunto puedan comenzar a desmontar los efectos de tomas de decisión en materia económica, que por capas se han ido acumulando en el aparato productivo afectando a TODOS los sectores de la actividad económica nacional.
La economía nacional para el año 2007 mostraba un PIB de 8,8%, un Gasto Público como % del PIB de 34,90%, una Liquidez Monetaria (M2) de Bs.153.224.597M, una Inflación acumulada de 27,5% y un tipo de cambio de 2.150 Bs/$, y si bien ya había control de cambio y control de precios, también había producción de bienes y servicios nacionales y los niveles de ahorro y consumo del venezolano se mantenían en valores cónsonos. Pero 10 años después se acude a una “reconversión monetaria” en las peores condiciones económicas de los últimos 20 años del país, esto es, un PIB en -12% al cierre de 2017 luego de 4 años consecutivos en caída libre, una liquidez monetaria (M2) que ascendió un 1.069% durante el año 2017, una Inflación acumulada del 3.000% según cálculos de la Asamblea Nacional (porque el BCV tiene 2 años sin suministrar información oficial) y un tipo de cambio no oficial promedio de 29.885 Bs. (que en términos del año 2007 serían 29.884.666 Bs.), manteniendo los controles de cambio y de precios.
A este escenario se suma una innovación que quizás en otro contexto, espacio y tiempo hubiese tenido un efecto diferente, y es que la tecnología Blockchain y las Criptomonedas están mostrando una nueva vía para la transferencia de valor desmaterializado entre las personas conectadas en red, garantizando la transparencia y confianza en las operaciones de intercambio por bienes y servicios a nivel global, tanto así que Christine Lagarde, presidenta del Fondo Monetario Internacional, aseveró en octubre de 2017 que “Por ahora, las monedas virtuales como Bitcoin no desafían al dinero fiat y a los bancos centrales, pero sí debemos prestarle mucha atención a la tecnología Blockchain por la innovación que representa”. Entonces el gobierno nacional en diciembre 2017 impulsa la creación del Petro, como una posible salida a las necesidades de liquidez en divisas motivado a las sanciones impuestas por el gobierno estadounidense en agosto de 2017 a los bonos venezolanos.
Y es que el Petro per se, bien aplicado o mal aplicado, tampoco corrige los problemas estructurales de la economía nacional, porque quitarle nuevamente 3 ceros a la economía o emitir un híbrido criptográfico por parte del gobierno, no reactivará el aparato productivo, no disminuirá la inflación, no incrementará el ahorro y la inversión, no extraerá el exceso de liquidez y tampoco reducirá la dependencia con el mercado externo. Todo esto se puede lograr de manera paulatina y orquestada de la mano de un plan económico de ajuste que pretenda elevar el valor del bolívar por la vía productiva. Pero para eso se deben abandonar visiones anacrónicas, e incluso cambiar estructuras de gobierno, que no permiten volver a la senda del crecimiento basado en el trabajo conectado con la economía real.
Esto supone darle justo valor a las herramientas con las que aún se cuentan para corregir los desequilibrios, desechar aquellas que de manera evidente no han sido efectivas en su aplicación, y reformular la política económica bajo la visión de la coordinación macro, que establece el trabajo armonizado entre la política monetaria, cambiaria, fiscal y comercial en aras de alcanzar los objetivos plasmados en el Acuerdo Anual de Política Económica. De no ser así se estaría reconvirtiendo la moneda nuevamente, pero no dentro de 10 años, sino dentro de 5 o 3, en un eterno decreto de emergencia económica de cual no se saldrá por no querer asumir el necesario costo del cambio económico.
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