La Comisión Nacional de Valores (CNV) de Argentina ha dado un paso clave hacia la transformación del mercado de capitales al presentar una consulta pública que podría habilitar la tokenización en Argentina. Esta iniciativa busca crear un marco legal que permita representar digitalmente valores negociables, como acciones o bonos, mediante tecnologías como blockchain, que ofrecen seguridad, trazabilidad y eficiencia.
Con este avance, Argentina no solo se alinea con las tendencias globales en innovación financiera, sino que se convierte en un referente regional en materia de regulación tecnológica.
¿Qué es la tokenización de activos?
Tokenizar un activo significa generar una representación digital de algo que ya existe en el mundo real. En este caso, se trata de valores negociables que, bajo autorización y supervisión, podrán tener su versión digital en forma de “token”, un tipo de archivo seguro e inalterable, gracias al uso de tecnologías como los registros distribuidos (DLT, por sus siglas en inglés).
Estos tokens no reemplazan al activo original, sino que lo representan fielmente en un nuevo formato, con la misma validez legal que los tradicionales. Esto permite facilitar su negociación, reducir costos operativos y aumentar la transparencia en las transacciones.
¿Cómo se implementará este cambio?
Para que una empresa pueda emitir tokens representativos de sus valores, deberá cumplir con varios pasos:
Emitir previamente los valores en formato tradicional (papel o registro contable).
Depositarlos en una entidad autorizada, como un Agente Depositario Central de Valores Negociables.
Solicitar la aprobación de la CNV, presentando un documento con todos los términos y condiciones de la tokenización.
Una vez autorizados, estos tokens podrán negociarse a través de plataformas registradas y supervisadas por la CNV, operadas por Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV). Esta medida garantiza que las operaciones digitales se realicen en entornos controlados y seguros.
Además, los valores tradicionales deben quedar inmovilizados mientras exista su versión digital, evitando cualquier posibilidad de duplicación o uso indebido del activo.
Un año de prueba en un entorno regulado
La CNV ha optado por lanzar este nuevo esquema dentro de un entorno de prueba regulado, conocido como sandbox. Durante un período de 12 meses, se permitirá la emisión de tokens bajo este régimen, para evaluar su desempeño en condiciones reales pero controladas.
Este enfoque permite ajustar la normativa si fuera necesario, antes de autorizar su implementación definitiva. Finalizado el año de prueba, no se permitirán nuevas emisiones bajo este régimen, aunque las ya emitidas seguirán siendo válidas.
Más regulación, mayor confianza
La nueva disposición se suma a otras normativas recientes impulsadas por la CNV. La Resolución General 1058, por ejemplo, establece reglas sobre la custodia de criptoactivos, cuentas segregadas y exigencias tecnológicas para exchanges. La Resolución 1060, por su parte, obliga a los PSAV a contar con infraestructuras seguras y a utilizar un lenguaje claro en sus comunicaciones, para que cualquier usuario entienda los riesgos y beneficios de participar en este ecosistema.
Además, se prohíbe que los proveedores utilicen los activos digitales de sus clientes como propios, reforzando la protección al inversor.
Diálogo internacional y visión de futuro
Durante el evento MERGE, celebrado recientemente en Buenos Aires, el presidente de la CNV, Roberto E. Silva, destacó el interés del organismo en aprender de experiencias internacionales. En particular, mencionó a El Salvador como un modelo a estudiar, dado su liderazgo en regulación cripto.
Esto indica que Argentina no solo está avanzando en lo local, sino que también está construyendo puentes con otros países para fortalecer su estrategia a largo plazo.
Un nuevo capítulo para el sistema financiero argentino
La tokenización en Argentina representa un cambio profundo en la forma de entender y operar con activos financieros. A través de este nuevo marco regulatorio, el país se encamina hacia un mercado más moderno, accesible y transparente, sin dejar de lado la seguridad jurídica y la protección al usuario.
Si la propuesta prospera, será un punto de inflexión en la historia financiera argentina, abriendo la puerta a nuevas oportunidades de inversión, desarrollo tecnológico y conexión con mercados globales. Y lo mejor de todo: bajo reglas claras, pensadas para proteger tanto a emisores como a inversores.