En un movimiento que podría marcar un antes y un después en la regulación de los activos digitales en la región, Paraguay y El Salvador han firmado un Memorándum de Entendimiento (MOU) orientado a reforzar el control, la supervisión y la regulación de los proveedores de servicios de activos digitales. La iniciativa, sellada entre la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) de Paraguay, encabezada por la ministra Liliana Elizabeth Alcaraz Recalde, y la Comisión Nacional de Activos Digitales (CNAD) de El Salvador, representada por su presidente Juan Carlos Reyes García, busca fomentar una cooperación mutua que permita intercambiar información y detectar de manera temprana a aquellas entidades que operen sin la debida licencia en cualquiera de las dos jurisdicciones.
Un puente regulatorio en busca de la innovación y la seguridad
El acuerdo tiene como objetivo principal la creación de un entorno más seguro para la gestión de criptomonedas, como Bitcoin y otros activos digitales. Entre sus puntos clave se encuentran el desarrollo de políticas conjuntas para prevenir el lavado de dinero y la implementación de sistemas que faciliten la supervisión proactiva de los proveedores de servicios cripto. Esta alianza se suma a otros acuerdos internacionales que El Salvador ha suscrito en los últimos años, como el celebrado con Kazajistán y otro con Argentina, reafirmando la visión del país centroamericano de posicionarse como un referente en la regulación de criptoactivos en América Latina.
En Paraguay, a pesar de que aún no existe una normativa específica para la regulación de Bitcoin y criptomonedas, se viene analizando y estudiando el tema con diversos sectores. Una de las propuestas legislativas, presentada en el Congreso en abril del año pasado, sugiere que Bitcoin sea considerado moneda de curso legal de manera «ilimitada». Sin embargo, hasta la fecha, las transacciones con criptomonedas en Paraguay no están sujetas a la supervisión directa del Banco Central, aunque el país ha avanzado en la prevención del lavado de activos gracias a los esfuerzos y monitoreo activo de la Seprelad.
Impulsando la modernización del ecosistema financiero
El acuerdo entre Paraguay y El Salvador no solo busca establecer un marco de regulación común, sino que también aspira a sentar las bases para un futuro financiero más innovador y seguro. Mientras Paraguay se posiciona como un destino atractivo para los mineros de Bitcoin, gracias a su abundante energía hidroeléctrica, El Salvador continúa su apuesta por integrar la criptomoneda en su economía, consolidándose como un pionero en la adopción de modelos regulatorios orientados a los activos digitales.
La CNAD salvadoreña ha desarrollado un robusto marco normativo que, entre otras medidas, contempla la aplicación de políticas de gestión de riesgos y el cumplimiento de estándares técnicos recomendados por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), incluyendo la implementación de la “Regla de Viaje” para prevenir delitos con criptomonedas. Por su parte, la Seprelad paraguaya ha expresado su intención de lograr “grandes avances regulatorios” y adoptar buenas prácticas que permitan supervisar de manera efectiva el mercado de activos digitales.
Un acuerdo con proyección global
Las autoridades de ambos países celebran este acuerdo como un paso estratégico que no solo fortalecerá la capacidad local de regulación, sino que también contribuirá a una supervisión global más coordinada de los criptoactivos. “Por su naturaleza, los activos digitales no conocen barreras geográficas”, destacó el comunicado conjunto, subrayando que supervisarlos de manera proactiva y efectiva requiere acuerdos bilaterales que refuercen la capacidad normativa y operativa de cada jurisdicción.
En definitiva, este Memorándum de Entendimiento representa una apuesta firme por la innovación, la seguridad y la integridad financiera. Con este acuerdo, Paraguay y El Salvador se colocan a la vanguardia en la regulación de los activos digitales, ofreciendo un modelo que podría ser emulado en otras regiones y que, en última instancia, contribuye a la consolidación de un mercado cripto más transparente y confiable.
