Una apuesta estratégica por el futuro digital
Panamá ha dado un paso firme para transformarse en un referente regional en materia de innovación tecnológica y financiera. El país presentó un ambicioso proyecto de ley que propone una regulación integral de las criptomonedas y los servicios basados en blockchain. Con esta iniciativa, no solo busca brindar seguridad jurídica a los usuarios de activos digitales, sino también atraer inversiones, fortalecer la transparencia institucional y abrir la puerta a nuevas formas de desarrollo económico.
La propuesta abarca desde el uso de criptoactivos como medio de pago hasta la implementación de tecnologías blockchain en los procesos de gobernanza pública. Se trata de una visión integral que entiende a la innovación no como una amenaza, sino como una oportunidad para modernizar el aparato estatal y el sistema financiero.
Reconocimiento legal de las criptomonedas
Uno de los puntos más relevantes del proyecto es el reconocimiento explícito de los activos digitales como medio de pago legal en Panamá. Esto significa que cualquier persona o empresa podrá usar criptomonedas como Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) o stablecoins para comprar bienes, pagar servicios o saldar deudas, siempre que ambas partes estén de acuerdo. Esta validación jurídica es un paso clave hacia la adopción masiva, ya que despeja dudas sobre la legitimidad de su uso en contratos civiles y comerciales.
Además, la legislación no impone la obligatoriedad del uso de criptoactivos, lo que garantiza la libertad de elección entre las partes involucradas. Esta flexibilidad es fundamental para generar confianza en un sistema que aún se encuentra en plena etapa de consolidación global.
Licencias, controles y cumplimiento normativo
El proyecto también propone la creación de un marco regulatorio para los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (VASPs), incluyendo casas de cambio, billeteras digitales, plataformas de custodia y otros operadores. Todos estos actores deberán registrarse en una base de datos nacional administrada por la Unidad de Análisis Financiero (UAF), y obtener la debida autorización antes de ofrecer sus servicios en el país.
Asimismo, se establecen lineamientos estrictos en materia de cumplimiento normativo. Las plataformas deberán aplicar políticas de “Conozca a su Cliente” (KYC) y prevenir el lavado de dinero (AML), en concordancia con los estándares internacionales recomendados por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). El incumplimiento de estas normas podría derivar en sanciones administrativas o incluso en consecuencias penales.
Blockchain para el Estado: transparencia y eficiencia
La propuesta va más allá del ámbito financiero. Un capítulo destacado del proyecto es el impulso al uso de tecnologías blockchain dentro del propio aparato estatal. El texto contempla, por ejemplo, la implementación de sistemas de identidad digital, el desarrollo de contratos inteligentes legalmente vinculantes, y la emisión de valores tokenizados. Estas herramientas, aplicadas correctamente, podrían reducir costos burocráticos, automatizar procesos y generar mayor transparencia tanto en la administración pública como en el sector privado.
El reconocimiento de los contratos inteligentes como instrumentos jurídicamente válidos es especialmente importante. Esto habilita la creación de productos financieros innovadores y permite que las empresas implementen sistemas automatizados de pago, logística y cumplimiento contractual sin intermediarios.
Un nuevo intento tras un veto anterior
Esta iniciativa llega luego de que, en 2022, una ley similar fuese aprobada por la Asamblea Nacional, pero posteriormente vetada parcialmente por el entonces presidente Laurentino Cortizo. En aquella ocasión, se señalaron vacíos regulatorios e inconsistencias constitucionales. La nueva versión del proyecto busca resolver esos cuestionamientos, incorporando definiciones más claras sobre las funciones de los entes reguladores, como la UAF y la Superintendencia de Bancos.
El texto actual será ahora evaluado por las comisiones parlamentarias, donde se anticipan debates y posibles enmiendas. Si supera esa instancia, el proyecto será sometido a votación en el pleno de la Asamblea.
Panamá mira al futuro con ambición
Con esta propuesta de ley, Panamá se posiciona como uno de los países latinoamericanos con mayor apertura hacia la adopción de tecnologías emergentes. En lugar de resistirse a lo inevitable, el país opta por canalizar el potencial de la revolución digital para su propio desarrollo económico, institucional y social.
La clave del éxito estará en la implementación efectiva de estas normas, en garantizar una supervisión equilibrada y en atraer actores serios que contribuyan al crecimiento del ecosistema. Si lo logra, Panamá podría convertirse en un nodo estratégico del mundo cripto en América Latina.
