El Congreso acelera su apuesta por una regulación clara
En un clima político cargado de fricciones, el Congreso de Estados Unidos dio un paso clave para regular uno de los sectores más dinámicos del ecosistema financiero actual: las stablecoins. El STABLE Act de 2025 (H.R. 2392) fue aprobado por el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, con 32 votos a favor y 17 en contra.
Este proyecto de ley busca establecer un marco regulatorio nacional para las monedas digitales vinculadas al dólar, con reglas claras sobre reservas, auditoría, protección al consumidor y prevención del lavado de dinero. La aprobación marca un hito en el esfuerzo por cerrar la brecha entre innovación financiera y supervisión institucional.
¿Qué propone el STABLE Act?
De convertirse en ley, el STABLE Act impondría requisitos estrictos a los emisores de stablecoins, incluyendo:
Obligación de mantener reservas completas y líquidas para respaldar cada token emitido.
Normas de cumplimiento AML/KYC (anti-lavado de dinero y conocimiento del cliente).
Auditorías periódicas y divulgación de información financiera.
Regulación directa por parte de entidades federales, evitando vacíos jurisdiccionales.
Para sus defensores, estas medidas traerían claridad a los mercados, seguridad a los usuarios y una base legal sólida para que EE.UU. siga liderando la innovación financiera global.
Acusaciones cruzadas y tensiones partidistas
Sin embargo, el camino hacia la aprobación final no está exento de polémicas. El bloque demócrata mostró fuerte resistencia, argumentando que el proyecto podría abrir la puerta a conflictos de interés y posibles abusos de poder, particularmente vinculados al actual presidente Donald Trump y su círculo cercano.
La representante Maxine Waters criticó duramente la iniciativa, advirtiendo que crea un “precedente peligroso” al legitimar proyectos cripto que podrían estar alineados con intereses privados del propio gobierno. Señaló la posibilidad de que stablecoins promovidas por la familia Trump u otros funcionarios terminen siendo utilizadas en transacciones federales.
Por su parte, Nydia Velázquez hizo referencia al supuesto vínculo entre el presidente y figuras como Elon Musk, quien ha sido una presencia constante en la narrativa de los activos digitales, en especial por su apoyo público a DOGE y otras monedas de perfil especulativo.
Sylvia Garcia, otra voz demócrata crítica, fue aún más directa: “Están permitiendo que Trump y Musk continúen lucrando con esquemas dudosos mientras los ciudadanos asumen el riesgo”. Para ella, el proyecto favorece el lucro sin reglas ni transparencia, algo inaceptable desde la función pública.
Defensa republicana: innovación y liderazgo
Desde el otro lado del pasillo, el presidente del comité, French Hill, defendió la iniciativa con firmeza. Argumentó que el marco propuesto es esencial para fomentar la competencia, evitar el éxodo de empresas tecnológicas hacia jurisdicciones más permisivas y asegurar que Estados Unidos no pierda su liderazgo financiero en el siglo XXI.
“Necesitamos reglas claras, no para reprimir la innovación, sino para canalizarla de forma segura”, expresó Hill, subrayando que el sector privado debe seguir siendo el motor del desarrollo tecnológico, con un Estado que funcione como árbitro, no como competidor.
¿Qué sigue?
Aunque la aprobación en comité representa un paso importante, el proyecto aún debe superar varias etapas legislativas antes de convertirse en ley. Su paso por el pleno de la Cámara de Representantes, luego por el Senado y, finalmente, por el escritorio del presidente, marcarán los próximos capítulos de esta batalla normativa.
En paralelo, los mercados de stablecoins siguen creciendo. Las principales —como USDT y USDC— mueven miles de millones de dólares a diario y se han vuelto pilares fundamentales de la economía cripto, utilizadas en pagos, remesas, financiamiento descentralizado y como refugio ante la volatilidad de otras criptomonedas.
Un marco necesario en un momento decisivo
La discusión sobre las stablecoins ya no es técnica ni marginal: es geopolítica, económica y profundamente política. El STABLE Act intenta poner orden en un terreno fértil para la innovación, pero también para el abuso.
¿Será esta ley el punto de partida para una nueva era de confianza regulada en el mundo cripto? ¿O se transformará en un campo minado donde intereses personales y partidarios condicionen el futuro de la economía digital?
Las próximas semanas podrían definir no solo el futuro de las stablecoins en EE.UU., sino también el equilibrio entre innovación y control estatal en el nuevo orden financiero global.
