La legislación en el estado de New Hampshire podría marcar un hito en la adopción de activos digitales por parte de gobiernos locales en los Estados Unidos. Un proyecto de ley presentado por el representante estatal Keith Ammon el pasado 9 de enero propone la creación de una reserva estratégica de Bitcoin y stablecoins vinculadas al dólar estadounidense, así como de metales preciosos tradicionales como el oro, la plata y el platino. Este proyecto de ley tiene el potencial de posicionar a New Hampshire como un líder en la integración de activos digitales en finanzas públicas.
Detalles del proyecto de ley
El proyecto establece que el estado podrá invertir hasta un máximo del 10% de los fondos públicos disponibles, lo que equivale a aproximadamente $360 millones, según el balance de la tesorería estatal al 30 de junio de 2024. Estos fondos podrán ser destinados a activos digitales con una capitalización de mercado anual promedio superior a $500 mil millones, como Bitcoin (BTC), y stablecoins como Tether USD (USDT) y USD Coin (USDC).
Para garantizar la seguridad, los activos serán almacenados mediante soluciones de custodia seguras que incluyan el uso exclusivo de claves privadas criptográficas, custodios calificados y productos cotizados en bolsa (ETP, por sus siglas en inglés) aprobados por organismos reguladores como la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) o la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC).
Bitcoin como activo principal
Según datos recopilados por CryptoSlate, actualmente solo Bitcoin cumple con el criterio de capitalización de mercado estipulado por la legislación propuesta. No obstante, la iniciativa también contempla mecanismos para expandir el portafolio a otros criptoactivos como Ethereum (ETH) o Solana (SOL) en caso de que sus capitalizaciones de mercado alcancen los umbrales requeridos.
El proyecto también abre la posibilidad de que New Hampshire participe en actividades de staking, permitiendo generar ingresos pasivos a partir de activos digitales en custodia. Aunque Bitcoin no utiliza un mecanismo de consenso de prueba de participación (proof of stake), esta disposición podría aplicarse a otras criptomonedas en el futuro.
Otras propuestas innovadoras
Además de la inversión directa en criptoactivos, la legislación propone la posibilidad de que el estado preste activos digitales a través de proveedores externos, siempre que New Hampshire conserve la propiedad legal de los mismos. Este enfoque podría abrir nuevas fuentes de ingresos para el estado mientras diversifica su estrategia de gestión de fondos.
Respaldo y contexto nacional
El proyecto de ley ha sido recibido positivamente por líderes en la industria cripto. Dennis Porter, CEO y cofundador de Satoshi Action Fund, elogió la iniciativa, destacando que el requisito de una alta capitalización de mercado asegura que las inversiones estatales se limiten a activos consolidados como Bitcoin. Porter también señaló que la redacción técnicamente neutral del proyecto es una estrategia común en la legislación estadounidense para minimizar la resistencia política.
New Hampshire no está solo en esta tendencia. Otros estados también han explorado la creación de reservas estratégicas de Bitcoin. En noviembre de 2024, el representante Mike Cabell presentó una legislación similar en Pensilvania, seguido por el representante Giovanni Capriglione en Texas un mes después. Además, el auditor estatal de Alabama, Andrew Sorrell, y el director financiero de Florida, Jimmy Patronis, han respaldado propuestas similares.
Perspectivas futuras
La introducción de esta legislación en New Hampshire subraya el creciente interés de los gobiernos estatales por integrar activos digitales en sus estrategias financieras. Con más de diez estados preparando proyectos de ley similares, podría desencadenarse una nueva ola de adopción institucional en los Estados Unidos.
De aprobarse, este proyecto de ley no solo establecería un precedente, sino que también reforzaría el papel de Bitcoin como un activo estratégico en la economía moderna. En este escenario, New Hampshire podría liderar la transición hacia un modelo financiero más diversificado y adaptado a las tecnologías emergentes.
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