El escándalo por la fallida criptomoneda Libra ha escalado a niveles inesperados en Argentina. Lo que comenzó como un proyecto vinculado al mundo de los activos digitales, hoy se ha convertido en una causa judicial de alto perfil que involucra al propio presidente Javier Milei, su hermana Karina Milei —secretaria general de la Presidencia— y una serie de empresarios y funcionarios. La polémica crece no solo por los delitos que se investigan, sino también por sus posibles implicancias políticas e institucionales.
¿Qué es Libra y por qué está bajo la lupa?
Libra fue un intento de desarrollar una criptomoneda que, según sus impulsores, buscaba revolucionar el sistema de pagos en América Latina. Aunque inicialmente se presentó como un token “descentralizado y transparente”, con promesas de inclusión financiera, su desarrollo y comercialización fueron opacos y generaron dudas desde el inicio.
Detrás del proyecto aparecen nombres como Hayden Davis —figura clave en su creación— y varios empresarios argentinos que ahora están siendo investigados por delitos como abuso de autoridad, estafa, cohecho y tráfico de influencias. Entre los señalados se encuentran Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Morales.
El rol del presidente y su entorno
La causa tomó un giro inesperado cuando el fiscal federal Eduardo Taiano solicitó el levantamiento del secreto bancariodel presidente Javier Milei y de su hermana Karina. Esta medida, que implica acceder a movimientos financieros, cuentas y operaciones bancarias, fue presentada ante la jueza María Romilda Servini. Aunque en Argentina el secreto bancario protege los datos financieros, puede ser levantado en el marco de una investigación penal.
El pedido fue revelado por el dirigente Juan Grabois, quien actúa como querellante en la causa. La publicación en redes sociales generó una ola de reacciones que intensificó la atención pública sobre el caso.
De San Isidro a Comodoro Py: el cambio de jurisdicción
Inicialmente, la investigación se tramitaba en los tribunales de San Isidro, bajo la órbita de la jueza Sandra Arroyo Salgado. Sin embargo, la Cámara Federal de San Martín decidió remitir la causa a los tribunales de Comodoro Py, donde se concentran los expedientes más sensibles del país. La disputa jurisdiccional no fue menor: Arroyo Salgado incluso había solicitado información a la Casa Militar sobre la presencia de Milei en la Quinta de Olivos el 17 de febrero, buscando fundamentar su competencia.
La decisión final de trasladar el expediente a Comodoro Py refuerza el carácter político y federal del caso, y anticipa un desarrollo judicial de alto voltaje.
Las medidas en curso
El fiscal Taiano no solo pidió levantar el secreto bancario. También solicitó información a instituciones clave como el Banco Central, la Comisión Nacional de Valores (CNV), la Inspección General de Justicia (IGJ) y empresas tecnológicas como Google. Además, la Unidad de Cibercrimen deberá identificar los dominios web asociados a las empresas involucradas en la promoción y venta de Libra.
El objetivo de estas medidas es reconstruir el entramado de relaciones financieras y tecnológicas detrás del proyecto, y establecer si existieron maniobras irregulares, estafas o desvío de fondos públicos.
Pedido de captura internacional
A mediados de marzo, el abogado Gregorio Dalbón solicitó la detención internacional de Hayden Davis, principal promotor de Libra. Según Dalbón, hay riesgo de que el empresario huya del país y evada a la Justicia. La activación de una alerta roja de Interpol está en evaluación, lo que subraya la gravedad con la que el sistema judicial toma este caso.
El Congreso entra en escena
Días atrás, el Congreso argentino aprobó la creación de una comisión investigadora para esclarecer los hechos vinculados a Libra. La iniciativa, promovida por la oposición, obtuvo 128 votos a favor y habilita la citación de funcionarios del Poder Ejecutivo para que respondan ante los legisladores.
Entre los nombres a ser interpelados figuran el jefe de Gabinete Guillermo Francos, el ministro de Economía Luis Caputo, y el presidente de la CNV, Roberto Silva. La comisión tendrá facultades para reunir pruebas, llamar testigos y elaborar un informe final que podría tener repercusiones políticas.
El caso Libra se ha convertido en mucho más que una polémica criptomoneda fallida. Es hoy el centro de una investigación que cruza finanzas, política y poder, con implicados de primer nivel y ramificaciones institucionales. Lo que está en juego no es solo el futuro judicial de algunos funcionarios, sino también la confianza pública en un gobierno que prometió transparencia y lucha contra la corrupción.
