En un procedimiento sin precedentes en Argentina, la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Ciberdelitos (UFEIC) del Departamento Judicial de San Isidro ha incautado activos digitales de origen delictivo.
El Fiscal Musso lideró el secuestro de criptoactivos
Alejandro Musso, el fiscal a cargo, en conversación con un medio local. explicó:
“Este es el primero de su tipo en el país, realizado de manera similar a las prácticas de agencias de seguridad estadounidenses y europeas como el FBI y Europol”
Junto a los fiscales Denis Banchero y Alejandro Martín Orlandini, Musso emprendió la investigación tras el rastro de una serie de accesos no autorizados a bases de datos y fraudes digitales utilizando la técnica de SIM swapping. Esta estrategia fraudulenta permite a los hackers apoderarse de números telefónicos al duplicar las tarjetas SIM.
Utilizando un software especializado altamente sofisticado, se logró identificar a un sospechoso involucrado en estos delitos cibernéticos. Después de un exhaustivo análisis de los dispositivos encontrados en el lugar, se procedió a su detención de manera inmediata.
Detalles sobre un hecho inédito en Argentina
La incautación de criptoactivos de origen delictivo por parte de una fiscalía es un hecho inédito en el país. Durante el allanamiento, la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Ciberdelitos confirmó sus sospechas. El acusado poseía billeteras electrónicas, a las cuales se accedió mediante técnicas avanzadas que permitieron descifrar las complejas “llaves” compuestas por 12 palabras.
La siguiente fotografía captura el instante justo después de la transferencia de los fondos a una billetera bajo el control de la Fiscalía. (Imagen: Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Ciberdelitos del Departamento Judicial de San Isidro). El destino de los fondos incautados estará bajo el control riguroso de la fiscalía.
Imagen – Fuente: TN
Por primera vez en Argentina, los fondos fueron transferidos a una billetera descentralizada bajo el control de dicha Unidad. Según fuentes consultadas, la suma incautada asciende a varios miles de dólares, los cuales se espera sean convertidos a moneda fiduciaria.
“Este es el primer caso de secuestro de criptoactivos de este tipo en el país. Antes, lo que se podía hacer era congelar los fondos”, destaca Musso, resaltando una de las principales dificultades que enfrentan las investigaciones en el ecosistema de las criptomonedas: el anonimato. Aunque los exchanges operan de manera similar a los bancos, donde los usuarios deben identificarse con sus datos personales, en el resto de las billeteras prevalece un estado de “incógnito”.
Recapitulando, la reciente acción llevada a cabo por el Departamento Judicial de San Isidro es verdaderamente inédita en el país debido a la complejidad del sistema, el cual, salvo algunas excepciones, está diseñado para garantizar el anonimato. En este caso, se logró realizar un allanamiento exitoso, detener al sospechoso y acceder de manera inmediata a los dispositivos, además de obtener las frases semilla, que son las claves para iniciar sesión.
Sin embargo, el siguiente paso y otra complicación radican en transferir los activos a una cuenta estatal. Esta situación plantea interrogantes sobre la calidad y la posibilidad de secuestrar Bitcoin y otros criptoactivos en Argentina, dado que no son considerados activos financieros y carecen de un respaldo regulatorio, a diferencia de otros países donde existe una regulación establecida.
Conclusión
Aunque esta acción representa un hito significativo en la lucha contra el cibercrimen económico en el país, es controversial en el marco regulatorio argentino, donde existe una tendencia a desalentar el uso de criptomonedas. La incautación de estos activos digitales plantea interrogantes sobre la calidad de su consideración como activos financieros y la necesidad de establecer un marco regulatorio claro para su manejo.
Sin embargo, este paso valiente y pionero demuestra la importancia de adaptarse y enfrentar los desafíos que impone el mundo digital en constante transformación, impulsando así la investigación y el combate contra el cibercrimen en beneficio de la seguridad económica y la justicia en nuestra sociedad.
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