Cada vez más, gobiernos de todo el mundo empiezan a tomar en cuenta a Bitcoin y demás criptomonedas ya sea como medios alternativos, o para regular sus actividades ante la creciente adopción de esta actividad.
Además, en Latinoamérica ya son varios los países que adoptaron bitcoin ante la incertidumbre económica que arropa a sus monedas nacionales. Argentina y Venezuela son dos casos muy utilizados para explicar esto, pero también hay otras naciones que poco a poco empezaron a utilizar Bitcoin y otras criptomonedas en sus comercios diarios.
De esta forma tenemos a Brasil, Colombia, Chile y Perú. Este último ya tiene historial -no tan positivo- con las criptomonedas y es que el año pasado ocupó el primer lugar en cuanto a detecciones de cryptojacking en el mundo.
Pero este año, ante el disparo en el precio de Bitcoin y su consecuente adopción y popularidad en las masas, una autoridad reguladora de Perú expresó que seguirán buscando formas de regular la industria de criptomonedas.
En una entrevista al diario peruano Gestión, Sergio Espinosa, superintendente de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF), comentó:
Uno de los temas en la que no nos hemos detenido es en un diagnóstico, que se está haciendo, sobre la presencia y alcances en Perú de los llamados activos virtuales (criptomonedas) que incluyen bitcoin y otros activos virtuales que no son propiamente monedas, pero que existen, transan y circulan por lo que existe la necesidad de emitir una regulación sobre la materia.
Falta de desarrollo en el conocimiento de las criptomonedas
Aunque hay cierta adopción por Bitcoin, también hay mucho desconocimiento sobre todo el ecosistema de criptomonedas y blockchain, lo cual conlleva a situaciones de cryptojacking.
Pero Perú ya ha implementado la tecnología tanto a nivel gubernamental como en la industria de la carne. En el primer caso para establecer un sistema de contratos transparentes y el segundo para el registro y certificación de los productos de la carne.
Espinosa también expresó que los estudios sobre la regulación de la actividad de criptomonedas comenzó en agosto, y que la investigación durará entre 19 y 22 días hábiles, “desde la preparación de los documentos de notificación hasta la publicación del informe final sobre los resultados de la misma”.
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