Criptomonedas es la palabra que protagoniza el nuevo enfoque del gobierno estadounidense tras la orden del fiscal general adjunto, Todd Blanche, de cerrar de inmediato la Unidad Nacional de Cumplimiento de Criptomonedas (NCET). Esta decisión representa un parteaguas en la relación entre el Estado y el ecosistema cripto, enviando un mensaje claro: se acabaron los días en que los desarrolladores y servicios de privacidad eran tratados como criminales por el simple hecho de operar con tecnologías descentralizadas.
La NCET había sido instaurada en 2021, con la misión de investigar el uso indebido de activos digitales en el crimen organizado, el lavado de dinero y los fraudes financieros. Fue, en su momento, un emblema de la política de «mano dura» contra las criptomonedas impulsada por el anterior gobierno. Sin embargo, para la actual administración, su existencia reflejaba una estrategia desproporcionada y contraproducente: perseguir la innovación mediante el enjuiciamiento.
Blanche, en el memorando que oficializa la disolución del grupo, fue tajante al afirmar que el Departamento de Justicia no es un regulador de criptomonedas, y que ese rol corresponde a instancias con mandato específico en materia financiera. Con estas palabras, da un giro institucional que redefine las prioridades judiciales del país.
De la criminalización a la protección de usuarios
La nueva política de enfoque selectivo propone una transición del castigo indiscriminado hacia la protección enfocada en víctimas de estafa. Según Blanche, los esfuerzos del Departamento de Justicia se concentrarán en procesar a individuos que hayan defraudado a inversionistas o usuarios de criptomonedas, no en perseguir tecnologías de privacidad ni protocolos de código abierto.
Esto implica que carteras frías, servicios de mezcla y exchanges ya no serán blanco de investigaciones automáticas, sino que se evaluarán sus usos específicos y los comportamientos individuales asociados a delitos concretos. Para muchos, esta visión representa un alivio frente al panorama anterior, en el que la mera participación en proyectos de privacidad podía significar ser considerado un sospechoso.
Un entorno más amigable para el desarrollo tecnológico
La disolución de la NCET se inscribe en una serie de decisiones ejecutivas que buscan transformar a EE. UU. en un centro global para el desarrollo de tecnologías blockchain y criptomonedas. Entre las medidas ya adoptadas destacan la flexibilización del marco de acción de la SEC y la CFTC, que habían endurecido sus criterios de supervisión hasta el punto de provocar el éxodo de empresas hacia otras jurisdicciones.
La administración actual considera que la regulación excesiva estaba ahuyentando talento, inversión e innovación. Bajo esta lógica, se apuesta por establecer un entorno legal que incentive la creación de proyectos cripto en suelo estadounidense, en lugar de criminalizarlos o empujarlos hacia la clandestinidad.
¿Privacidad bajo resguardo?
Uno de los aspectos más valorados por la comunidad es el cambio de actitud frente a los protocolos de privacidad, como los mixers de bitcoin y los servicios CoinJoin, que permiten transacciones más difíciles de rastrear. Estas herramientas, anteriormente estigmatizadas como mecanismos para el lavado de dinero, son ahora reconocidas como legítimas siempre que no existan pruebas de actividades delictivas asociadas.
Este enfoque podría sentar las bases para una reivindicación de la privacidad digital como derecho, no como delito. Una postura que, según analistas del ecosistema, está alineada con los principios fundacionales del movimiento cripto: descentralización, soberanía financiera y anonimato opcional.
Un futuro incierto, pero prometedor
El cierre de la NCET no está exento de críticas. Sectores más conservadores dentro del aparato judicial temen que esta flexibilización deje la puerta abierta al crimen digital. No obstante, desde el gobierno se insiste en que la supervisión no desaparece, sino que se racionaliza, enfocándose en los actores que causan daño real.
Mientras tanto, la industria cripto recibe con entusiasmo lo que muchos consideran el primer paso firme hacia un marco legal más justo y equilibrado. Los emprendedores del sector, los desarrolladores de código abierto y los usuarios comunes ven en esta decisión una oportunidad para avanzar sin el temor constante a ser perseguidos.
En definitiva, lo que está en juego no es solo una política pública, sino el rol que Estados Unidos desea ocupar en la próxima revolución tecnológica. La apuesta por las criptomonedas como motor de innovación y libertad financiera ya está sobre la mesa. El tiempo dirá si fue una jugada visionaria o un paso en falso, pero lo que está claro es que el tablero ha cambiado.
