El Juzgado Criminal y Correccional N°6 emitió una resolución que establece un embargo preventivo sobre varios activos de los acusados en una causa penal relacionada con el último proceso de sinceramiento fiscal. Un aspecto destacado de esta medida es el embargo de criptomonedas registradas en dos exchanges.

A pesar de que el Gobierno ha lanzado una opción de blanqueo para aquellos que posean monedas digitales u otros instrumentos similares, los analistas muestran escepticismo en cuanto a su impacto en estos inversores.

Según informó Diario Judicial, se ha ordenado el bloqueo de cuentas y billeteras virtuales, con el consecuente embargo de las criptomonedas pertenecientes al acusado que se encontraban en las plataformas de Rippio y Binance. La ejecución de esta medida ha sido encomendada a la Fiscalía a cargo del caso, con la colaboración de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia.

Sin embargo, esta decisión en el caso “K., S. H. s/recurso de casación” generó recursos de casación por parte de los acusados. La sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, conformada por los jueces Mariano Hernán Borinsky, Juan Carlos Gemignani y Daniel Antonio Petrone, declaró dichos recursos como inadmisibles.

La defensa planteó cuestionamientos sobre la incorrecta aplicación de la ley, la falta de fundamentación adecuada y la arbitraria e injustificada afectación al patrimonio de los acusados. Se argumentó que no se cumplieron los requisitos cautelares, ya que el embargo se basó en una solicitud de la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes de la Procuración General de la Nación, la cual vinculó un listado de bienes con posibles relaciones con otras causas penales por asociación ilícita, violación de secretos y otros delitos en los cuales el ex esposo de la acusada estaba imputado.

Los detalles de la causa por defraudación con criptomonedas

En la causa principal, se investigaba una organización delictiva que se dedicaba a la venta de secretos fiscales, y que implicaba a agentes de la AFIP. Curiosamente, el propio organismo actuaba como querellante en este caso. Paralelamente, se inició una investigación relacionada con la ‘exteriorización de bienes’ por parte de los investigados, en el marco de las leyes 26.860 y 27.260, que establecían el Régimen de Sinceramiento Fiscal.

Se sospechaba que los bienes declarados no tenían su origen exclusivamente en el delito fiscal por el cual las leyes mencionadas extinguían la acción penal. Se creía que los imputados habían aprovechado la cobertura brindada por las leyes de sinceramiento fiscal para ‘blanquear’ el producto de otros delitos por los cuales también estaban siendo investigados en la causa principal, con el objetivo de evitar su decomiso o recuperación.

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